El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de movilidad sostenible que pretende ser el marco de referencia general de todos los esfuerzos e iniciativas que se llevan a cabo por las distintas Administraciones Públicas vascas así como por otros actores público- privados.

De esta forma, el texto sistematiza e integra todas las acciones y planes de movilidad existentes en torno a la consecución de unos mismos objetivos comunes para propiciar así una visión compartida de país en el ámbito de la movilidad sostenible.

El Proyecto de Ley parte de un concepto y un alcance amplio de lo que cabe entender por movilidad sostenible. Así, junto con la tradicional dimensión medioambiental de la sostenibilidad en el sentido de atenuar los efectos colaterales que la movilidad puede generar en el entorno y en el medioambiente, la ley da una especial importancia a la sostenibilidad económica y social.

Por sostenibilidad social se entiende la función que debe ejercer la movilidad para no solo garantizar sino propiciar una mayor cohesión social a través de un sistema de transportes accesible.

Una accesibilidad que trata de evitar por una parte que los medios de transporte no se conviertan en entornos discapacitantes para personas con movilidad reducida u otro tipo de problema que le pueden disuadir de usar los transportes públicos.

Asimismo, la accesibilidad debe suponer que los transportes públicos sean económicamente asequibles para todos, y, por último, los medios de transporte deben permitir similares índices de acceso a las redes de transporte independientemente del lugar de residencia.
Con todo ello, una movilidad sostenible debe contribuir a la consecución de la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía independientemente de sus condiciones personales o sociales.

Como sostenibilidad económica se fijan dos objetivos. En primer lugar, la movilidad tiene que estar orientada de una manera que dote de mayor competitividad al territorio y a la economía vasca.

En segundo lugar y, de manera novedosa, se prevé la necesidad de realizar análisis de viabilidad económica y financiera de las inversiones en nuevas infraestructuras de transporte y de nuevos servicios de transporte de tal manera que se realice una planificación de las infraestructuras desde parámetros de racionalidad y objetividad, priorizando aquellos proyectos con mayores ratios económico sociales.